El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, España, aprobó el anteproyecto de ley contra la obesidad, denominada “Ley para la Promoción de una Vida Saludable”, un instrumento legal con el cual espera hacer frente a los trastornos de conducta alimentaria, considerados “un problema prioritario de salud pública”, a través de la normalización, regulación y vigilancia de la producción de comida industrial y el consumo de productos con alto contenido calórico. Esta iniciativa convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma española que regula legalmente la lucha contra la obesidad. Dicha información fue compartida desde la Fundación Torres-Picón, la cual viene trabajando internacionalmente en divulgación preventiva para la salud.
España ocupa el primer lugar en la Unión Europea en cifras de sobrepeso y después de Extremadura, Andalucía es la comunidad autónoma del país con mayor índice; ahora con este proyecto, cuya aprobación se prevé para el segundo periodo de sesiones de 2017, se convertirá en la primera que regule legalmente la lucha contra la obesidad.
El proyecto contempla la introducción de sanciones económicas a empresas e instituciones que no tomen medidas preventivas contra la obesidad, como por ejemplo escuelas que no ofrezcan menús saludables en sus comedores escolares; restaurantes que no suministren agua potable gratuita a sus clientes; supermercados y establecimientos de comidas cuyas raciones de alimentos no se ajusten a las necesidades de las familias a fin de evitar el exceso de consumo o el desperdicio de comida; o centros comerciales que no coloquen fuentes de agua junto a máquinas expendedoras de refrescos.
Igualmente, la Junta ejercerá su potestad para restringir la publicidad de alimentos poco saludables, grasos e hipercalóricos, en especial en horario infantil, y para regular la producción de alimentos.
Este proyecto surge como consecuencia de un informe realizado por la Consejería de Salud en el cual se lanza un alerta acerca de la imperiosa necesidad de combatir la obesidad infantil; ya desde el año 2007 existía un plan preventivo escolar, pero demostró ser insuficiente por lo que se tomó la decisión de enfrentar el problema de forma integral, mediante un instrumento legal específico. El informe advierte que para el 2050 el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres serán obesos a causa de malos hábitos alimenticios relacionados con condiciones socioeconómicas deficientes y un bajo nivel educativo; sólo las mujeres con grado universitario están exceptuadas de este riesgo.
Con este proyecto, Andalucía se convierte en una comunidad pionera en la regulación del tratamiento de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria con un instrumento legal de máximo rango, el cual se enfoca principalmente en la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y las comunidades marginadas.
Al ser aprobada, esta ley implicará modificaciones en otras áreas de la administración gubernamental andaluza, como la Educación, el Fomento y el Bienestar Social. Otro efecto de esta norma será la obligación que tendrán las empresas con más de cincuenta empleados de acondicionar estacionamientos para bicicletas, en sus instalaciones o lo más cercano posible. Igualmente se establecerán límites para la publicidad de alimentos y bebidas en los planteles educativos, con regulaciones específicas sobre su composición y contenido calórico; asimismo, los institutos de enseñanza secundaria deberán vigilar el contenido calórico neto por ración en los alimentos envasados que se vendan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus cafeterías.
Torres se mostró complacido y de acuerdo con la medida, y también hizo hincapié en la conveniencia de que en las escuelas y liceos, en todos los lugares del mundo, se brinde información oportuna y veraz que controle o regule el consumo de bebidas y alimentos poco saludables, de cara a la epidemia internacional de sobrepeso y obesidad declarada por la ONU-OMS.
GF/EDC